Sobre las próximas elecciones en Chile, a propósito de las reformas electorales en Costa Rica
Mónica Salinero Rates
Columnista invitada
Costa
Rica recientemente ha aprobado una serie de reformas a su código electoral, las
que se dirigen a diversos temas, tales como la financiación pública y privada
de los partidos y campañas electorales, condiciones para la igualdad de voto
para poblaciones con discapacidad, voto para ciudadanos en el extranjero y
modificaciones en las cuotas de candidaturas de hombres y mujeres para alcanzar
la paridad. Como es de esperar, la discusión duró varios años en Costa Rica
antes que el nuevo texto viera la luz. De manera similar, en Chile algunos de
estos problemas han tardado alrededor de una década en ser resueltos, mientras
otros aún no lo logran. Sin duda, todos los puntos sobre el proceso electoral
abordados por Costa Rica son de gran importancia en la construcción de la
democracia que una sociedad quiere, sin embargo, en al menos dos de ellos,
Chile no lo ha hecho en 19 años de democracia, sin medida alguna que hoy pueda
resolver las demandas que implican. El hecho de que se sume otro país
latinoamericano a la larga lista de países que, en la región y en el mundo, han
realizado reformas en favor del voto en el extranjero y en favor de una mayor
participación/representación de las mujeres en la política, nos debería hacer
reflexionar sobre los desafíos presentes para profundizar nuestra democracia.
En efecto, es más o menos sabido que
existen varias redes de chilenos en el exterior que se han organizado en pos de
la consecución del derecho a voto en el extranjero. Se estima que las y los
ciudadanos que viven fuera del país, por diversas causas, son alrededor de 480
mil personas, según datos del año 2005 (NIE). Y ellos todavía no pueden votar
para las elecciones chilenas y tampoco lo podrán hacer para las de diciembre
próximo. Frente a esta realidad lamentable, millones de ciudadanos de otros
países tienen ese derecho porque nacieron en los casi 70 países de África,
Europa, Asia o América que tienen alguna forma de sufragio en el exterior. En
América, países como Brasil y Colombia ya reconocían este derecho en la década
de 1960. A diferencia de estos adelantados, en Chile aún no se hace efectivo el
derecho a voto en el exterior que se encuentra contenido en la reforma
constitucional promulgada en marzo de 2009. Al mismo tiempo, mucho se oye
hablar del voto voluntario, como lo demuestra la discusión pública desde la
promulgación de esta misma reforma y el acuerdo para agilizar la inscripción
automática y el voto voluntario firmado entre gobierno y oposición.
En
diversos ámbitos se suele esgrimir el -tan bien ponderado en Chile- elemento
pedagógico y disuasivo de la ley, por lo que aquí habría que preguntarse: ¿cuál
es el mensaje que da la clase política y los medios de comunicación sobre la
participación? Al parecer es un mensaje que no fomenta la participación e
involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos. Es inquietante que
en Chile estemos tan convencidos y contentos en permitir que quienes no desean
ejercer su derecho (deber) cívico de votar no lo hagan, pero no estemos
igualmente interesados por aquellos ciudadanos y ciudadanas chilenos que
estando en el extranjero sí quieren ejercer su derecho a votar y a participar
de esta forma. Sin duda estas nuevas normativas tienen tras de si no sólo
posiciones valorativas sobre la ciudadanía sino que, también, ha estado
presente el componente del cálculo sobre los costos y beneficios que el voto
voluntario y el voto en el exterior puede tener para cada partido y coalición
en los resultados electorales. Pero no es novedoso este asunto, no olvidemos
que en chile el reconocimiento del derecho a voto a las mujeres estuvo
precedido por una larga discusión que no solo giraba en torno al espacio y rol natural
de las mujeres, también, la discusión traslucía el cálculo en relación a
supuestas tendencias ideológicas en la mujer y su comportamiento
hipotético futuro, exponiendo las reservas de todos los grupos políticos.
Respecto
al punto de las reformas de Costa Rica para alcanzar la paridad, las escuetas
cifras chilenas de mujeres en las candidaturas de elección popular 2009
demuestran una vez más que la paridad está lejos de ser una realidad. Las
mujeres representan hoy el 14,8% de las candidaturas al Senado y 16.5% de las
candidaturas a la Cámara Baja. Y lo más impresionante es que sólo 2 de las 8
candidaturas al senado femeninas pertenecen a los dos grandes bloques
electorales, así difícilmente aumentará de forma significativa nuestro número
de senadoras dado el sistema electoral binominal, que equivale a decir que 2
candidatas tienen alguna oportunidad de ser electas. También, cabe destacar que
el porcentaje de candidaturas señalada para la Cámara de Diputados sólo supera
en 0.8% al porcentaje de candidaturas de las elecciones del año 2005, lo que
sin duda no es muy alentador respecto a dejar la desigualdad de género en manos
del “crecimiento natural”. Por lo demás, es inevitable plantear que este
problema se relaciona fuertemente con la escasa renovación de la cámara de
diputado y el senado en cada elección.
El
avance en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los últimos
20 años en diversas áreas no ha tenido su correlato en el ámbito de la política
y continúa siendo un espacio muy difícil de acceder para las mujeres. La
ciudadanía se ha quitado el lente sexista para mirar las elecciones, como lo
demuestra la elección de Bachelet, quien no sólo fue altamente votada, sino que
actualmente cuenta con una aprobación muy superior a las históricas para un
mandatario en ejercicio. Pero todavía no se materializa este avance cultural en
una competencia más equilibrada entre hombres y mujeres y siguen siendo éstos
quienes monopolizan las candidaturas en todos los grandes partidos. Así
también, y dado los avances del gobierno de Bachelet, es deseable pero
improbable que de ahora en adelante los gabinetes no disminuyan el actual
número de mujeres Ministras y Sub-Secretarias. Explicaciones para la baja
presencia de mujeres en candidaturas y cargos de elección popular seguramente
existen muchas, pero a quienes piensan que son las mujeres las que no quieren participar,
hay que aclararles que las mujeres participan en los partidos políticos, por lo
que dudosamente es cierto que no quieran o no se animen a hacerlo. Y a quienes
piensan que a las mujeres les falta experiencia y quizás hasta mérito, habría
que mostrarles que no hay experiencias y méritos excepcionales en los
candidatos hombres que no puedan tener las mujeres chilenas. Y si le otorgamos
valor a los datos de encuestas y los niveles históricos de popularidad de cada
presidente chileno, no es aventurado sostener que la ciudadanía consideraría
que la única mujer que ha gobernado Chile lo ha hecho mejor que todos y cada
uno de los hombres que han ocupado la presidencia de nuestro país.
Evidentemente, esto será materia de estudio para los historiadores, pero lo
cierto es que urge establecer medidas para fomentar las candidaturas de
mujeres, especialmente medidas que motiven a los partidos a mirar a sus
militantes mujeres. En América Latina al menos 11 países han tomado medidas en
esta materia desde el año 1991 y nuestro país no está entre ellos. Hoy,
nuevamente Chile se queda atrás en relación al resto del mundo, ya que se
encuentra en el lugar número 79 de 136 puestos del ranking mundial de igualdad
de hombres y mujeres en el parlamento (IPU, 2009). Lo que significa que
pertenecemos a la mitad deficiente en esta materia, siendo superado por países
de diversas regiones del globo.
Especialmente
cuando las elecciones se acercan y nos ilustran que persisten como problemas
ambos temas, es que nos damos cuenta que son muy importantes respecto a qué es
lo que esperamos para nuestra democracia. Pues definir quiénes y cómo
participan es clave para comprender el alcance de los derechos políticos y el
proceso de profundización democrática más allá de barreras geográficas y
discriminaciones de sexo que, si observamos bien, podemos superar.
*La autora es Socióloga, U. de Chile, posee un DEA en Ciencia Política,
U. de Barcelona y además esBecaria Conicyt Gestión Propia Doctorado Ciencia
Política, U. de Barcelona
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