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Jorge Arrate

 

Candidato a la Presidencia

 

Columnista Invitado

 

La necesidad de una nueva Constitución ha pasado a formar parte de las transformaciones indispensables que reconocen al menos tres candidaturas a la presidencia de la República: la mía, en representación de la Izquierda, la de Frei en representación de la Concertación, y la de Enríquez en representación de la derecha renovada. Es el resultado del trabajo pedagógico y de la constancia de individuos y grupos  que han logrado convencer a una parte de la clase política de la necesidad de cambiar de ciclo político, después de la dictadura militar y de la interminable transición que cumple veinte años.  

 

Las reformas de 2005 a la constitución de 1980 no fueron sino maquillaje. En lo esencial y en la práctica, la Constitución del 80 reformada y las 17 Leyes Orgánicas Constitucionales que organizan la legalidad del país siguen plenamente vigentes.  Esa carta constitucional fue adoptada en una de las peores épocas del régimen militar (¿pero hubo algún momento de la dictadura que fuera menos que peor?): centenares de miles de chilenos exiliados, decenas de miles detenidos y torturados en recintos secretos, y miles de muertos y desaparecidos en condiciones inhumanas por defender las libertades públicas. Las Leyes Orgánicas Constitucionales fueron impuestas por los militares entre el plebiscito del 88 y el día antes de entregar el poder. La Constitución del 80 y las Leyes Orgánicas que la prolongan son autoritarias, injustas e ilegítimas.  

 

El maquillaje del 2005 no plasmó una nueva Constitución, sino que trató de legitimar ese cuerpo de textos que la ciudadanía y la inteligencia condenan y rechazan. 

 

¿Cuál es la respuesta que cada candidato propone? 

 

Enríquez anuncia un texto concebido frente a un espejo y cuyo contenido no conocemos, lo que es doblemente inquietante. Frei duda entre seguir reformando la Constitución del 80, lo que el propio vocero de su campaña, Pablo Ruiz-Tagle, estima inútil si se pretende modificar en serio su naturaleza profunda (R. Cristi y P. Ruiz-Tagle: La República en Chile, Lom, 2006), y proponer un texto escrito por “expertos”. Yo planteo que toda reforma es y será insuficiente cuando no inútil; y que la imposición de un texto redactado por “expertos” y no por los representantes del pueblo tampoco será legítimo. Para el candidato de la izquierda, la única opción realmente democrática es elegir una Asamblea Constituyente que redacte un texto que deberá ser, además, sometido a plebiscito.  

 

Es el momento de devolverle la soberanía al pueblo. La ciudadanía debe pronunciarse libremente sobre la oportunidad de dotar al país de una constitución republicana y democrática, que sea la expresión de la voluntad general.  

 

Haciéndome eco de diferentes sectores de la ciudadanía, dentro y fuera de Chile, le pedí a la Presidenta de la República que agregue, para las próximas elecciones una cuarta urna que le permita al pueblo pronunciarse al respecto; también soy favorable a que el mayor número posible de ciudadanos marque el voto de segunda vuelta con la letras AC —Asamblea Constituyente— que no invalida el voto. Creo que mientras más numerosos seamos, más imperiosa será nuestra petición y que difícilmente podrá ignorarse la voz del pueblo. 

 

La prolongación anormal del modelo institucional y económico heredado de los militares, que tiende a transformarse en modelo permanente y definitivo en Chile, no es aceptable. Tenemos que fundar de nuevo la República. Después de la República independiente (1810-1833), de la República autoritaria (1833-1871), de la República liberal (1871-1924), de la República democrática (1932-1973), y de la República neo-liberal (1990-…..), nuestro deber es fundar la República moderna. Sería lo más prometedor del Bicentenario.

 

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