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Marcelo
Díaz, Diputado Partido Socialista de Chile
Columnista
Invitado
Llegó
la hora de reponer el Estado de Derecho al interior de los partidos políticos,
dando pie a una de las reformas fundamentales para evitar seguir perdiendo
legitimidad y, por tanto, avanzando inexorablemente hacia el ocaso definitivo.
Hablar de la
creciente tendencia a la baja de la política o, más bien, de los políticos en
Chile, ya pierde sentido si no avanzamos en propuestas concretas que permitan
democratizar a los partidos y recuperar la imagen de instituciones como el
Senado, la Cámara de Diputados y, en general, de la gestión pública en su
conjunto. Estamos ante una crisis más permanente, más de fondo y más
estructural del sistema político de lo que muchos quieren asumir.
Cada cierto
tiempo asistimos al anuncio, con pompa, de medidas que buscan revertir este
crudo panorama. Anunciar, por ejemplo, el adelanto de una elección para no
afectar las vacaciones de la gente no es la forma en que resolveremos este
problema ni tiene la entidad para ser llamada reforma de la política. Tampoco
lo es el intercambio de frases para el bronce ni culpar al adversario.
El gran
problema de la política chilena se origina y termina en los partidos, que se
han convertido en grupos cerrados, oligarquizados, donde brillan por su
ausencia mecanismos que permitan una amplia participación de sus propias bases
en la toma de decisiones. Por el contrario, los partidos –y la política–
aparecen a ojos de los ciudadanos como pequeños clubes de privilegiados que
reparten beneficios para unos pocos.
El foco
central, y casi único de los partidos, parecieran ser las cuestiones del poder.
Pero no en torno a los grandes desafíos nacionales, sino sobre la repartija, el
cuoteo, es decir, el lado oscuro de la política. Es en torno a eso que se
organizan los debates y disputas partidarias que aparecen en los medios.
Permanentes reyertas que no hacen sino conducir a los partidos a profundos y
agudos cismas internos y al enfrentamiento público entre actores que
supuestamente debieran cooperar. La pregunta que se abre es por qué ocurre
aquello.
Me atrevo a
decir que la falta de democracia interna de los partidos es una de las causas
principales de la crisis de la política y pongo como ejemplo a mi propio
partido: el Partido Socialista, cuya última elección interna estuvo marcada,
precisamente, por el acuerdo transversal de todos aquellos que competimos por
la presidencia , acerca de la necesidad de recuperar nuestra institucionalidad
partidaria y el derecho al debate y la práctica democrática interna, cercenada
por lógicas autoritarias que se habían instalado en nuestra convivencia.
Sin embargo,
últimamente estamos ante la presencia de síntomas preocupantes de que las cosas
no van por la ruta trazada de común acuerdo. Por el contrario, estamos ante el
riesgo de involucionar lo avanzado en los pocos meses que lleva la actual
dirección socialista. En efecto, en el marco del debate abierto en el PS ante
la actuación del Presidente de nuestro partido en la votación del reajuste al
sector público, se ha evidenciado un retorno a prácticas que creíamos
desterradas.
Entre otras, el
forzar votaciones sin asidero estatutario; la arbitrariedad y manipulación en
el otorgamiento de la palabra en las reuniones de los órganos directivos y el
intento de impedir que dirigentes sindicales socialistas asistan a las
discusiones más trascendentes del reciente pleno del Comité Central del PS,
entre otras. Es decir, una acción deliberada de cercenamiento del debate
interno conforme a las directrices e intereses de unos cuantos y la puesta en
escena de operaciones de utilería para impedir la expresión libre de todas las
visiones y opiniones internas y controlar los debates. Se trata de prácticas
que destruyen la democracia y atentan contra la convivencia interna, socavando,
de paso, el respeto a la institucionalidad.
Cuando suceden
episodios como el descrito, quienes son censurados por estas prácticas terminan
sin más opción que expresar sus opiniones fuera de los espacios formales, lo
que finalmente genera permanentes conflictos y peleas internas y redunda, a su
vez, en la pésima imagen que la clase política muestra habitualmente ante la
opinión pública, exhibiéndonos más ocupados de salvar las cuestiones del poder
interno que de resolver las demandas de quienes nos han confiado su
representación.
Llegó la hora
de reponer el Estado de Derecho al interior de los partidos políticos, dando
pie a una de las reformas fundamentales para evitar seguir perdiendo
legitimidad y, por tanto, avanzando inexorablemente hacia el ocaso definitivo.
Necesitamos una reforma que promueva la modernización de las estructuras
partidarias; garantice mecanismos reales de participación; asegure una
efectiva democracia interna y establezca órganos que administren justicia
partidaria.
El fenómeno de
los descolgados ya nos demostró que la fácil no es la vía para solucionar el
problema. Se requiere una reforma política estructural y no cosmética para
reencantar a la ciudadanía y recuperar algo de su respeto. Entre otros,
perfeccionar los procesos de afiliación de nuevos militantes y de padrones,
mejorar la entrega de información a la ciudadanía y asegurar mecanismos
transparentes de elección de los tribunales electorales y disciplinarios, entre
otras.
Si a esto le
añadimos avances en materias tales como: iniciativa popular de ley; primarias;
ampliación de los asuntos plebiscitables; reforma al sistema electoral y voto
voluntario, podremos decir que estamos verdaderamente frente a un intento
genuino de hacernos cargo de la crisis de legitimidad que afecta a la política.
La prueba de la
blancura pasa por conjugar al menos tres verbos: incluir, transparentar,
democratizar.
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