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En el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y
del Caribe, celebrado en Bogotá el año 1981, se declaró el 25 de noviembre como
“Día Internacional por la No violencia contra las mujeres”. Se decidió fijar
ese día porque el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas, a manos de un
comando del Servicio de Inteligencia Militar de la dictadura de Trujillo, las
hermanas Mirabal. El Estado Dominicano acababa así con tres opositoras al
régimen y ese día fue marcado para exigir el cese de la violencia contra las mujeres.
Casi 30 años después de este primer encuentro
feminista todo ha cambiado para que algunas cosas simplemente queden en el
mismo sitio. Aunque el Estado chileno post-dictadura haya abierto sus brazos a
las mujeres a través del SERNAM, en los blogs y páginas web por donde transita
lo no oficial podemos ver cómo el
Estado también nos tiende la luma.
Hace un par de semanas http://paismapuche.org/?tag=comunidad-pancho-curamil
informaba sobre la brutal golpiza que había recibido una mujer mapuche, en su
propia casa de la comunidad Pancho Curamil, a manos de carabineros. Los golpes
habían sido tales que la señora, embarazada de 8 meses, llegó hasta el hospital
donde los médicos se plantearon realizar una cesárea de urgencia.
Casi al mismo tiempo que conocíamos esta noticia,
vimos la nueva campaña del SERNAM: “Maricón es quien le pega a una mujer”; que
en un estilo lo suficientemente machista como para reivindicar el tradicional
rol del sexo fuerte e invalidar las relaciones homosexuales, recuerda a los
hombres que: uno que los tiene bien
puestos no le pega a las mujeres y sólo tiene sexo con mujeres. Un
“hombre-hombre” sabe bien su rol protector y no se acuesta con hombres.
Mientras
el Estado por un lado, propone una campaña que decreta
como inadmisible la violencia de hombres sobre mujeres –la de pareja, la doméstica, la intrafamiliar-, por otro, este mismo
Estado, avala la violencia de la policía
sobre mujeres marcadas como “otras mujeres”, mujer indígena, mujer pobre, mujer
rural, mujer de otro.
Las autoridades operan con
una desnivelada balanza al momento de nominar las violencias en Chile. El
Estado, a través de sus personeros, se escandaliza y denuncia, cuando un hombre
golpea a una mujer, a su mujer, en su casa, la de su propiedad. Pero el Estado no sabe/no contesta cuando
utiliza el terror para gestionar las
movilizaciones políticas. Ejerce la violencia de manera impune al mismo tiempo
que hace de la violencia contra las mujeres una cuestión privada. Esta esquizofrenia
institucional asienta dos tipos de mujeres: las que no pueden ser golpeadas
(por razones familiares) y las que sí pueden serlo (por razones políticas). Con ello, la vieja idea del conservadurismo
patriarcal, se impone a los ojos de todos: mujer
el Estado te protege…. siempre y cuando te quedes en casa.
Frente a lo ocurrido en la
comunidad Curamil (y lo que ocurre diariamente en otras comunidades mapuche) pensar la acción policial
como un exceso no sólo resulta
ingenuo, sino que minimiza una acción que tuvo un objetivo (generar un efecto
ejemplificador y desarticular la
movilización mapuche) y fue planificada para
introducir el miedo entre los opositores. Este acto inconcebible en un Estado Derecho que
recuerda el terrorismo de Estado de la tortura, ejecuciones y desapariciones
durante la dictadura, alerta no sólo sobre la re-aparición de la violencia de
Estado como estrategia para gestionar los conflictos políticos, sino que marca
un peligroso precedente, que pudiera naturalizar y normalizar el uso de los métodos
represivos, para ahora en Democracia, controlar a la población.
El Estado parece entender la
violencia contra las mujeres como una problemática situada en las relaciones
heterosexuales cuyo referente es únicamente la familia y el espacio privado. De
este modo, invisibiliza la violencia institucional y excluye la posibilidad de
entender la violencia contra las mujeres como una cuestión política. Desde esta
mirada surge la última campaña del SERNAM. Una campaña que no sólo refuerza la
hegemonía heteropatriarcal sobre cómo deben ser los hombres y las mujeres, sino que no cuestiona la estructura que
sostiene las relaciones entre hombres y mujeres y nada dice sobre la violencia
del Estado, legitimando con ello, la violencia
policial hacia las mujeres
¿Los carabineros son maricones
o actúan bajo la lógica del terrorismo de Estado?; ¿un hombre que golpea a una
mujer es un pobre infeliz que no entendió las normas o un
aprendiz ejemplar que ha reproducido a la perfección la jerarquía entre él y
las mujeres?
La estrategia dual del
Estado que mide con tan distinta vara la violencia que él ejerce y la que ejercen particulares sobre las
mujeres, posibilita que la golpiza a una mujer mapuche quede encapsulada como
un episodio más del mal llamado “conflicto mapuche”. Posibilita también que
cuando un hombre golpea a una mujer en privado el hecho quede encapsulado en la
llamada “violencia intrafamiliar”. De este modo el discurso y la práctica
estatal consigue separar aguas: por un lado pareciera que existe un problema
político y étnico, mientras que por otro encontramos un problema no político y
de género. Así, se omite la cuestión de fondo: la
crítica al sistema de relaciones sociales que ubica a las mujeres,
homosexuales, indígenas y cualquier otro grupo signado como minoría, en una situación de desmedro
respecto de los hombres, blancos, hetereosexuales y ricos. Este sistema
habilita que un hombre pueda golpear a sus
mujeres y que el Estado violente a las mujeres impunemente.
A 50 años del femicidio en
República Dominicana es necesario repetirnos que la violencia contra las mujeres es siempre violencia política.
Firman:
Pamela Vaccari Jimenez,
Estudiante Doctorado Psicologia Social UAB
Krisna Tolentino
Isabel Aguilera
Cecilia Bustos Ibarra,
Estudiante Doctorado en Sociología UAB
Andrea González-Ramírez Estudiante de Doctorado en
Arqueología Prehistórica UAB
Elena Morán
Paola González Rozas, Estudiante Doctorado Psic
Social UAB.
Manuela Pérez Rodríguez
María Angélica Benavides
Beatriz Cantero Riveros, doctoranda Didáctica de las Ciencias, UAB
Ximena Cuadra, estudiante de máster en Sociología, UB
Gladys
Astete Cereceda, doctoranda en
Educación, UAB.
Lorena
Andrea Millar Romero
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