Alejandro Corvalán Quiroz

Columnista Invitado

Hace una semana se concordó una solución en la región de Magallanes para la mayor crisis social que ha enfrentado el actual gobierno. Sobre ella se han escrito varios artículos y editoriales sobre las debilidades políticas que se visibilizaron con mucha fuerza en la génesis y desarrollo de la crisis magallánica. También sobre las lecciones que la crisis visualizó, como por ejemplo la inconveniencia de que una empresa estatal como ENAP  subsidie con sus recursos a un segmento de los consumidores del país.

Sin embargo, hay un punto que no hemos debatido. Me refiero a que desde larga data las regiones no son visibles a nivel central. La región de Magallanes tuvo que visibilizarse a través de una movilización social masiva, auténtica y con plena legitimidad regional, que finalmente condujo al Gobierno a  recoger una parte importante de sus planteamientos. 

Pero, el problema es más serio. Ya el terremoto del 27 de febrero pasado nos impactó con un centralismo ineficaz en sus respuestas a la emergencia de la naturaleza. La crisis de Magallanes nos recordó los efectos perversos de un centralismo omnipresente en la forma de gobernar y administrar un país, como lo planteó el historiador Mateo Martinic, Premio Nacional de Historia 2000 y Premio Bicentenario 2006.

Otros efectos no deseados es el desperfilamiento del rol de los Intendentes Regionales. No sólo en la reciente crisis, hay otros ejemplos de ellos en un horizonte de tiempo más largo. El reclamo justificado de mayor autonomía presupuestaria y una mayor mirada de los ministerios sectoriales al quehacer regional son algunas de las reivindicaciones reiterativas en las últimas décadas.

Los temas del crecimiento y del desarrollo están presentes en el agotamiento de una mirada centralista del país. La evolución del PIB regionalizado per cápita en los últimos 50 años nos recuerda que el país se demoraría 55 años en reducir la mitad de la brecha existente si se mantiene dicha velocidad de convergencia.  No obstante. lo más preocupante es que no hay evidencia de convergencia en los últimos veinte años y una escasa efectividad del mercado a la hora de solucionar las disparidades regionales. Además, los efectos no deseados de una mirada centralista sin considerar control de daños, han tenido impactos no deseados en dos de nuestros tres destinos turísticos internacionales en los últimos meses. 

Nuestras élites debieran releer el Informe de la OCDE sobre Chile del 2009, cuya conclusión principal es que las regiones chilenas no han dado todo el uso potencial a sus activos, ni tampoco han alcanzado su potencial de crecimiento. En otras palabras, tenemos una asignatura pendiente con el abordamiento de las desigualdades regionales que deberán ser abordadas con un “enfoque de desarrollo territorial, de manera de adaptar de mejor forma la acción pública a las diferentes oportunidades y necesidades de los diversos territorios del país”.  En consecuencia, hay una clara emergencia de la necesidad de un nuevo debate sobre las políticas regionales que la integren como un elemento central de una política económica nacional.

El autor es Ingeniero Comercial, Universidad de Chile; Master sobre Desarrollo Económico en América Latina, Universidad Internacional de Andalucía; y Doctor en Economía en la Universidad de Cantabria, Santander, España.

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