La respuesta ciudadana frente al proyecto termoeléctrico
de Barrancones, que se instalaría en la cercanía de Punta de Choros, impacto
profundamente la discusión pública acerca de la generación eléctrica en nuestro
país. Como acuerdo social, representa muy bien a aquello que no queremos que se
haga en nuestro país. Sin embargo, la pregunta de lo que si queremos hacer para
incrementar la capacidad instalada de la matriz eléctrica nacional resulta
mucha más compleja.
Está claro que las aguas están agitadas en torno a la
discusión de las políticas energéticas en nuestro país. Quizás por primera vez
asistimos a una masiva y decidida manifestación ciudadana con respecto a la
manera en que estamos articulando las propuestas y el desarrollo de proyectos
de generación eléctrica.
Es como si repentinamente, todos los clichés de la
sociología publicitaria en boga (ciudadanía empoderada, redes digitales
sociales, etc.) se hubiesen materializado, tomándose literalmente la discusión
pública por un par de días. En efecto, el golpe fue tan fuerte que no podía
sino remecer al mundo político y a las instituciones encargadas de la
administración y tramitación ambiental de tales proyectos.
En este caso, la respuesta ciudadana estuvo motivada por
la aprobación del proyecto de la central termoeléctrica Barrancones que iba a
ser instalada en las cercanías de un importante santuario natural ubicado en
Punta de Choros, región de Coquimbo. Sin embargo, desde hace ya algunos años
pudimos asistir a la manifestación pública de opiniones contrarias a la
instalación de otro proyecto de generación, aunque en este caso de origen
hidroeléctrico. En efecto, Hidroaysén despertó a ciertos movimientos sociales,
donde la gran cantidad de superficie inundada, junto con la instalación de una
línea de transmisión de más de 2.000 km, puso la alerta sobre los potenciales impactos
ambientales en una zona de gran interés ecológico y turístico.
Sin embargo, mientras la discusión pública estaba
centrada en este proyecto específico, en nuestra matriz eléctrica se comenzó a
incrementar progresivamente la componente de generación a partir de combustibles
fósiles (carbón y derivados del petróleo), producto de, entre otras razones, la
crisis de suministro de gas natural desde Argentina. Es así como por ejemplo,
se estima que la generación eléctrica a partir del petróleo diesel aumentó
desde un 1% del total en el año 2006 a un 22% del total de generación en el año
2007 y llegando a un valor record de 38,2%
en el mes de abril del 20081.
No vamos a descubrir ahora las consecuencias negativas
de este hecho. La propia Comisión Nacional de Energía (CNE), advertía en el año
2008 que este hecho puede implicar la cuadruplicación de las emisiones de CO2 anuales
del país (desde 70 millones de toneladas anuales en la actualidad hasta cerca
de 300 millones al 2030). Esto, en contra de las pretensiones ecologistas y en
jerga futbolística, no puede representar otra cosa sino un gol de media cancha.
En un contexto globalizado, donde la huella de carbono
de los productos, no solo constituyen un argumento de venta sino están camino a
convertirse en una exigencia internacional, una matriz energética basada en
gran parte en combustibles fósiles, puede representar una pérdida importante de
competitividad para las exportaciones del país. Hace solo un par de semanas,
por ejemplo, se llamaba la atención acerca del aumento en la huella de carbono
de los vinos de exportación chilenos, que traería consigo la implementación de
la nueva central termoeléctrica Castilla, asunto que claramente afectaría su
competitividad en el mercado mundial.
Ya se ha señalado en ediciones anteriores de esta
columna que las definiciones específicas de sostenibilidad aplicadas cada
sociedad o país, nacen a partir de acuerdos sociales2. En este sentido, la discusión originada a partir del caso Barrancones
dejo en evidencia que a nivel ciudadano y político existe un consenso general,
a partir del cual podríamos declarar que como país, no queremos centrales
termoeléctricas ubicadas en áreas susceptibles de gran impacto ambiental.
De esta manera, podemos
establecer que tenemos muy claro lo que “no” queremos. Sin embargo, lo que “si”
queremos como país en relación a este tema representa a todas luces, una
pregunta mucho más compleja.
De acuerdo a proyecciones de la
CNE, considerando un crecimiento anual de un 6%, la matriz energética nacional
se duplicaría y triplicaría hacia los años 2020 y 2030, respectivamente, en
comparación con la capacidad instalada actual.
Fuentes de la industria señalan
además, que al año 2020 podríamos contar con una reducción de entre un 3 y un
5% en la demanda producto de la eficiencia energética y una participación de
las energías renovables no convencionales (ERNC) en un 10% de la matriz eléctrica
nacional. Luego, el saldo, debería ser cubierto con energía térmica (a partir
de combustibles fósiles), hidroeléctrica o incluso, nuclear. En ese contexto,
la pregunta de lo que “si” queremos como país tendría que remitirse
necesariamente a algunas de estas 3 alternativas.
Sin embargo, un estudio
realizado el año 2008 por las universidades de Chile y Técnica Federico Santa
Maria3,establece un
horizonte completamente diferente a las proyecciones de crecimiento eléctrico
habitualmente realizadas. En efecto, este estudio establece que el aporte de
las ERNC y de las mejoras en eficiencia energética (a nivel de usuario final y
de generación) pueden llegar a representar entre un 22,3% y un 31,4% (para dos
escenarios, uno conservador y otro dinámico, respectivamente) de la capacidad
instalada al año 2025.
Estas cifras plantean algunos
aspectos interesantes. En lo inmediato, esta reducción en los requerimientos
energéticos a nivel nacional (del orden de 7.142 MW y 9.874 MW en capacidad
instalada para los dos escenarios previamente señalados) sería equivalente a la
potencia de varias centrales térmicas e hidroeléctricas grandes, como las
construidas hasta el momento en Chile.
Para que esto sea posible, es necesario desarrollar políticas
estratégicas de desarrollo energético y territorial, claramente mas allá de lo
que se ha hecho hasta el momento. Vale decir, más que esperar que se den las
condiciones de mercado para que las tecnologías de energías renovables sean
competitivas por sí mismas, se deberían generar políticas públicas que fomenten
con fuerza y claridad la incorporación de las ERNC en la matriz energética
nacional. La experiencia internacional es muy clara en este sentido.
Al mismo tiempo, la eficiencia energética no debiese
constituir solo una política pública reactiva de ahorro de energía frente a
periodos de estrechez en el suministro eléctrico, sino como un recurso
energético generado a partir de la gestión eficiente de ésta tanto durante los
distintos procesos productivos como a nivel del usuario final (y por tanto, ser
promovida y difundida constantemente).
Sin embargo, parece que la discusión acerca del futuro
de la generación de electricidad en nuestro país se hubiese dividido entre
“ecologistas” y “desarrollistas” (como lamentablemente se ha pretendido caricaturizar
a partir del caso Barrancones). El hecho de que la ciudadanía desconfíe de losmecanismos de evaluación ambiental como reales
instrumentos para proteger nuestro patrimonio natural (como cuando se señalaba
que el proyecto Barrancones cumplía con toda la normativa ambiental vigente)
representa un muy mal síntoma en esta excesiva polaridad de la discusión.
Es claro que solo en la medida en que se pueda
consensuar el incremento en la capacidad instalada eléctrica en nuestro país,
con reglas claras y efectivas para protección del medioambiente con una mirada
territorial, podremos generar decisiones maduras y coherentes respecto de
nuestra matriz energética. Así podremos contar con una matriz eléctrica diversa
y competitiva en relación a un mundo globalizado donde se valora cada vez más
la responsabilidad medioambiental y donde además seamos menos dependientes de
combustibles fósiles importados.
El autor es arquitecto
de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MSc de la Universidad de
Nottingham en el Reino Unido. Se ha desempeñado como académico, investigador y
consultor de sustentabilidad y eficiencia energética en proyectos de
arquitectura. Actualmente reside en Bélgica, realizando estudios de Doctorado
en el equipo de investigación “Architecture et Climat” de la Universidad
Católica de Lovaina.
Notas:
(1) CNE: Política
Energética: “Nuevos Lineamientos. Transformando la crisis energética en una
oportunidad”. M. Tokman, Ministro Presidente Comisión Nacional de Energía.
Comisión Nacional de Energía, Santiago, 2008. p.29
(2) Ver por ejemplo, columna del mes de Junio “Sostenibilidad, política y democracia”
(3) “Aporte Potencial de: Energías Renovables No
Convencionales y Eficiencia Energética a la Matriz Eléctrica, 2008-2025”.
Programa de Estudios e Investigaciones en Energía del Instituto de Asuntos Públicos
de la Universidad de Chile y Núcleo Milenio de Electrónica Industrial y Mecatrónica,
Centro de Innovación en Energía de la Universidad Técnica Federico Santa Maria.
2008
Comenzamos el año 2012 con un nuevo ejemplar de nuestra revista Discusiones Públicas. La cual es una publicación que busca colocar temas de contingencia sobre políticas públicas, desde una lógica académica y de investigación aplicada, en la opinión pública. Mediante un riguroso proceso de selección, las páginas de Discusiones Públicas contienen artículos y ensayos publicados en los últimos meses en formato electrónico, así como también un dossier especial sobre becas de formación de postgrado en el extranjero.
A partir de este número la revista pasa de ser anual a semestral. Reiteramos la invitación que hemos hecho a toda la comunidad científica a que sigan enviándonos sus trabajos.
Discusiones Públicas, es una revista semestral que busca colocar temas de contingencia, desde una lógica académica y de investigación aplicada, en la opinión pública. Mediante un riguroso proceso de selección de artículos y ensayos.
Nace en Ignire, Centro de estudios dedicado a la acción del Estado, en su concepción más amplia, desarrollando estudios e investigaciones tendientes al enriquecimiento de la discusión en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas, siendo un espacio de reflexión y aplicación de sus investigaciones. Ignire aspira a desarrollar lineamentos de políticas públicas que sean socialmente más justos, orientados hacia una sociedad globalizada, que demanda de sus gobernantes procesos de toma de decisiones que consideren los contextos sociales particulares de nuestros tiempos y que establezcan un compromiso social hacia el desarrollo de políticas públicas más justas.
En ese sentido, la Revista Discusiones Públicas, tiene una clara visión transdisciplinaria, abordando temas desde ópticas diferentes, buscando diagnósticos y propuestas cada vez más integradas. Discusiones Públicas, apunta a la publicación de trabajos inéditos de investigación aplicada y discusión jurídica sobre políticas públicas. Su objetivo es crear discusión sobre las políticas públicas, implementadas o por implementar, sus posibles efectos y como estos influyen en el desarrollo y bienestar del país, teniendo en cuenta los aspectos constitutivos de la discusión jurídica sobre ellas.
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