El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental frente a Barrancones
Francisco de la Barrera
Columnista invitado
En Chile, cuando alguna actividad productiva o de
servicios quiere instalarse debe superar una serie de condiciones que el Estado
ha fijado a través de sus instituciones. Una de ellas son las condiciones
ambientales, exigiendo que dichos proyectos no generen impactos ambientales
significativos y, en caso de que los lleguen a generar, sean mitigados,
reparados o compensados. Para velar por el cumplimiento de esta condición es
que existe el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que con la
nueva Ley 20417 se convertirá en Servicio.
La central termoeléctrica Barrancones (de Punta de
Choros) ingresó al dicho sistema, argumentó haber evaluado ambientalmente
alternativas de localización, el cumplimiento de la normativa ambiental y
superó todas las instancias hasta ser aprobado por la COREMA, el órgano
político a nivel regional constituido por SEREMIs y otras autoridades
regionales (COREs, Gobernadores provinciales y el Intendente) encargado de
tomar la decisión política, basado en la evaluación de los organismos con
competencia ambiental del Estado, coordinados por la CONAMA Regional.
El movimiento ciudadano que finalmente desencadenó que
el Presidente lograra que la empresa desistiera de desarrollar su proyecto,
pese a haber superado todas las instancias técnicas y políticas regionales definidas
por la legislación ambiental, se basó en una consideración de carácter técnico
“la energía termoeléctrica a base de carbón destruye valiosos ecosistemas”, y
ese mismo criterio fue el argumento usado por el Presidente.
Bien por el movimiento ciudadano y bien por el
Presidente que cumplió su palabra empeñada. Pero la institucionalidad ambiental
quedó pésimamente mal parada, sobre todo su parte técnica. ¿Cómo es que un
proyecto de estas características, a ‘todas luces’ generadora de impactos
ambientales significativos sobre varios componentes ambientales, superó la
evaluación técnica? ¿Acaso los organismos técnicos del Estado no tuvieron la
capacidad profesional (en formación y número) de evaluar correctamente el
estudio de impacto ambiental? ¿Qué nos asegura desde ahora en adelante (y ni
pensar en los proyectos aprobados anteriormente) exista una adecuada evaluación
ambiental de las actividades que se desarrollen en el país?
Sí, estoy pecando de inocente, la cantidad de
profesionales destinados a la evaluación ambiental es escasa y son los mismos
que deben realizar una serie de otras labores de igual urgencia y, además,
desgastarse en aspectos burocráticos. A esto, hay que sumar que la evaluación
ambiental estatal de proyectos de esta magnitud requiere de asesorías externas,
que en el caso de CONAF, la tuvo, contra-argumentando la significancia de los
impactos.
Para quién no esté acostumbrado a ver cómo funciona el
SEIA es extraño ver que los servicios del Estado hayan, primero, mostrado
inconformidad y luego conformidad con el proyecto, adenda de por medio. La
lógica es que el titular de un proyecto presente el cómo quiere hacer el
proyecto y los organismos les hagan observaciones, forzando modificaciones del
proyecto. De esta manera, luego de reiteradas negociaciones, debiera lograrse
un diseño que controle la ocurrencia de impactos ambientales significativos,
dentro de los límites de la tecnología, pero no dentro de otro tipo de
limitaciones (p.e. económicas) o presiones (p.e. políticas). No hay que olvidar
que se trata de una instancia técnica. Lo político corresponde a una etapa
posterior.
Es paradigmático lo que ocurrió con este proyecto, por
cuanto la institucionalidad diseñada y perfeccionada hace años se usó muy poco,
y de paso se desacreditó. Era una buena oportunidad para probarla.
Tras la aprobación de la COREMA, que es la instancia de
decisión a nivel regional, se emite la Resolución de Calificación Ambiental que
contiene el detalle de cómo será el proyecto, integrando todos los cambios
generados tras el proceso de evaluación. Sin embargo, quedaba una instancia a
nivel nacional, que permitía una revisión del proceso técnico por parte de un comité
consultivo nacional permanente (compuesta por 2 científicos de universidades, 2
representantes de ONG’s ambientales, 2 representantes de centros académicos
independientes que se ocupen de materias ambientales, 2 empresarios, 2
trabajadores y 1 representante del Presidente) y finalmente la decisión del
consejo de ministros a nivel nacional. ¡Qué gran oportunidad perdimos de
presenciar públicamente su funcionamiento!
La evaluación ya política, sobre argumentos técnicos,
descansa en autoridades de confianza del Presidente, sin embargo presupone
independencia por sus competencias específicas, siendo posible que algunos
SEREMIs (o Ministros) aprueben mientras otros rechacen. No obstante,
Barrancones dejó en evidencia que tal presunción no existe en la práctica.
Primero, los SEREMIs aprobaron en bloque y, luego, fue el Presidente quien
“tomó la decisión de rechazarlo”, por fuera de la institucionalidad.
Finalmente, quisiera recordar el caso del proyecto Río
Condor (Trillium), una empresa forestal que, en los comienzos del SEIA obtuvo
la aprobación de CONAMA, que después fue revocada por la Corte Suprema, por lo
que tuvo que buscar los mecanismos para hacer explotación forestal sustentable
en bosques de lenga magallánicos. Para hacerlo congregó a los mejores científicos,
quienes desarrollaron una larguísima y completísima evaluación, opinando
finalmente que se podía hacer, pero con costos altísimos, por lo que dejó de
ser rentable. En definitiva, si se quiere instalar un proyecto (como una
termoeléctrica) en un área natural de alto valor ecosistémico, no hay por qué
negarlo a priori, pero hay que poner todas las condiciones necesarias para
evitar la ocurrencia de impactos ambientales significativos. Si la empresa
puede cumplirlos, ¿por qué negarles la libertad de emprender la actividad? A no
ser, que o no se confíe o se prefiera evitar su puesta en marcha, pasando del
rol técnico al político, que es lo que se da en la toma de decisiones.
En definitiva, ¿cómo haremos para confiar en futuras
evaluaciones ambientales, como de Hidroaysén, otras centrales termoeléctricas o
incluso nucleares? La gestión ambiental de un país no puede funcionar porque la
gente ‘tuitea’ o sale o no a la calle. La falla estuvo en el SEIA, eso hay q
mejorar. Si la evaluación ambiental por parte de los organismos técnicos
hubiera estado bien hecha, nada de esto hubiera sido necesario.
El autor se encuentra cursando un doctorado en la Universitat
de Barcelona en temas de ecología urbana. Los temas de investigación que le
interesan son los servicios ecosistémicos, la gestión ambiental y de la
biodiversidad. Además es miembro de Cienciambiental.
Error de Enfoque escrito por Pedro,
septiembre 09, 2010
Creo que el autor equivoca el enfoque, o al menos equivoca el instrumento que inspira su análisis. El problema de Barrancones o cualquier problema de este tipo no pasa por una buena o mala aplicación del SEIA. Este tipo de proyectos se desarrollan dentro de un contexto político en donde las desiciones involucran intereses regionales y nacionales y, en consecuencia, no pueden ser evaluados mediante este instrumento. Para este tipo de proyectos, las consecuancias sobre el medio ambiente van más alla del cumplimiento de las normativas sectoriales o las medidas de mitigación, reparación o compensanción del SEIA. Más aún la existencia de estas últimas dicen mucho respecto de las concecuencias que puede tener un impacto sobre el medio ambiente, el autor peca de ingenuo pensando que "hay que poner todas las condiciones necesarias para evitar la ocurrencia de impactos ambientales significativos", y dado su interes en los servicios ecosistemicos, debería saber que los ecosistemas no son ni reemplasables ni recuperables, solo se estructuran nuevas relaciones entre los componentes que los constituyen, pero "conceptualmente" dejan de ser el sistema que eran antes de ser intervenidos...
Diferentes enfoques pueden ser complementarios escrito por Francisco DLB,
septiembre 13, 2010
Gracias por tu comentario Pedro. Probablemente si peco de ingenuo y el instrumento sobre el que me baso no sea el adecuado, pero es la realidad. Estoy de acuerdo contigo respecto a que el problema de fondo es otro, y que hay que perfeccionar la institucionalidad (o que tal vez el tipo de desarrollo hay q repensarlo). Yo solo he querido analizarlo desde lo que tenemos, y como se falló en aprovecharlo. Lo que dices lo siento más bien como un aporte y espero que tu y los demás lectores comprendan el sentido que he querido darle a esta columna.
Comenzamos el año 2012 con un nuevo ejemplar de nuestra revista Discusiones Públicas. La cual es una publicación que busca colocar temas de contingencia sobre políticas públicas, desde una lógica académica y de investigación aplicada, en la opinión pública. Mediante un riguroso proceso de selección, las páginas de Discusiones Públicas contienen artículos y ensayos publicados en los últimos meses en formato electrónico, así como también un dossier especial sobre becas de formación de postgrado en el extranjero.
A partir de este número la revista pasa de ser anual a semestral. Reiteramos la invitación que hemos hecho a toda la comunidad científica a que sigan enviándonos sus trabajos.
Discusiones Públicas, es una revista semestral que busca colocar temas de contingencia, desde una lógica académica y de investigación aplicada, en la opinión pública. Mediante un riguroso proceso de selección de artículos y ensayos.
Nace en Ignire, Centro de estudios dedicado a la acción del Estado, en su concepción más amplia, desarrollando estudios e investigaciones tendientes al enriquecimiento de la discusión en el proceso de toma de decisiones de políticas públicas, siendo un espacio de reflexión y aplicación de sus investigaciones. Ignire aspira a desarrollar lineamentos de políticas públicas que sean socialmente más justos, orientados hacia una sociedad globalizada, que demanda de sus gobernantes procesos de toma de decisiones que consideren los contextos sociales particulares de nuestros tiempos y que establezcan un compromiso social hacia el desarrollo de políticas públicas más justas.
En ese sentido, la Revista Discusiones Públicas, tiene una clara visión transdisciplinaria, abordando temas desde ópticas diferentes, buscando diagnósticos y propuestas cada vez más integradas. Discusiones Públicas, apunta a la publicación de trabajos inéditos de investigación aplicada y discusión jurídica sobre políticas públicas. Su objetivo es crear discusión sobre las políticas públicas, implementadas o por implementar, sus posibles efectos y como estos influyen en el desarrollo y bienestar del país, teniendo en cuenta los aspectos constitutivos de la discusión jurídica sobre ellas.
Con mucho orgullo les queremos comunicar que hemos publicado el segundo número de nuestra revista anual Discusiones Públicas. La cual es una publicación que busca colocar temas de contingencia sobre políticas públicas, desde una lógica académica y de investigación aplicada, en la opinión pública. Mediante un riguroso proceso de selección, las páginas de Discusiones Públicas contienen artículos y ensayos publicados en los últimos meses en formato electrónico, a lo que se debe agregar la recension de obras importantes en la discusion de hoy.
Te invitamos a navegar por nuestro sitio web a descubrir nuestras próximas publicaciones, a enviarnos tu opinión y a registrarte como usuario para recibir noticias nuestras.
Nuestro centro de estudios se encuentra en estos momentos preparando la edición de sus trabajos.