Fabiola Cabrera

Columnista invitada

La transparencia, el manejo de la información, la libertad de prensa y el acceso de la ciudadanía a los temas que son de interés público, representan a mi juicio, uno de los mayores desafíos que enfrenta el nuevo gobierno en Chile además de la reconstrucción.

Gracias al escenario global en donde las instituciones internacionales juegan un papel de importancia, estos temas ya no son sólo tema de interés de una población con una misma nacionalidad, sino también son escrutados por comunidades transnacionales y la opinión pública internacional. Lo que representa una gran ayuda en países que como el nuestro, la concentración del poder en los medios de comunicación atenta contra el acceso de la ciudadanía a la información que es de interés público.

Teniendo lo anterior en cuenta, los chilenos debemos sentirnos orgullosos del reciente galardón a la Directora del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER). El próximo 3 de mayo en la ciudad australiana de Brisbane, Mónica González recibirá el Premio Mundial de la Libertad de Prensa 2010 de manos de la UNESCO por sus pruebas de valor, mostrando el lado oscuro de Chile como así lo mencionara  Joe Thloloe, presidente del Jurado. Premio además que se une a una serie de importantes reconocimientos internacionales que ella ostenta.

Los chilenos debemos tomar esta oportunidad que la UNESCO nos está dando y  exigir sin tregua la transparencia necesaria para saber qué y cómo se toman las decisiones en La Moneda y en todas las oficinas de gobierno. Después de todo, ellos deben gobernar PARA los chilenos, como en toda democracia y como la misma derecha así también lo incluye es sus discursos.

De la misma manera que la Concertación vivió un proceso de aprendizaje de cómo gobernar  después de 16 años de dictadura, la derecha se encuentra ahora en un proceso de aprendizaje de cómo gobernar en democracia después de 20 años. Como ciudadanos debemos exigir y también colaborar en este camino. De esta manera, es nuestro deber cívico demandar dicha transparencia y estar atentos y críticos de cualquier situación que atente contra nuestro derecho de saber.

Con esta intención quiero poner el foco de atención sobre tres hechos en particular. En primer lugar, el diario el Mostrador con fecha 16 de abril dio cuenta de la cercanía existente entre el Director de FONASA, Mikel Uriarte, y Manfredo Mayol Durán, que al extremo opuesto del ejemplo de Mónica González fue sancionado por el colegio de periodistas en Chile. El señor Mayol colaboró, y algunos sugieren que fue el líder intelectual, de  montajes comunicacionales  durante la dictadura como las apariciones de la virgen en Villa Alemana y responsable del despliegue comunicacional del cometa Halley en momentos en que era necesario distraer el foco de atención de la ciudadanía. Con esta información pareciera entonces evidente de que esta cercanía tiene rasgos de asesoría cuando se sabe que en FONASA, de acuerdo a El Mostrador, la jefa de prensa renunciara luego que Uriarte publicara sin aviso una información que en el organismo se sabe que es falsa.

Es imposible controlar el escalofrío cuando se piensa en el manejo al que podemos estar expuestos como ciudadanos y sobre todo cuando los códigos éticos pueden ser transgredidos insolentemente como se hizo en el pasado.

 Segundo y siguiendo en esta línea, somos testigos del anuncio del plan de reconstrucción en donde entre una serie de medidas, algunas con bastante apoyo popular como el alza de impuestos a las grandes empresas, se acompaña de otras líneas con menos información como “la venta  de activos prescindibles”. Es decir, la venta de activos de todos los chilenos ¿Quién decide que es prescindible?

Algunos personeros de la Concertación auguran que se refieren a EDELNOR y la participación en las empresas sanitarias. Pero ¿por qué no se anuncia como corresponde: como privatizaciones? Junto con un análisis más técnico en cada uno de los sectores, la participación del estado en empresas de servicio público es un debate ciudadano que incorpora entre otros temas el aseguramiento del bienestar de los usuarios y el rol que queremos del estado en el ámbito económico. Es un tema de interés público que no debe omitirse ni disminuirse en la información entregada al país.

Y el tercer hecho  que no debe pasar desapercibido, coincidentemente con una gira presidencial, se nombra al presidente de la Comisión Nacional de Televisión cuando existe un fuerte conflicto de interés al ser el propio presidente de la república dueño de un canal. Situación que bajo cualquier estándar internacional es inadmisible. Esta situación aporta material para sostener que en Chile la diversidad de opinión en los medios de comunicación es pequeña y que con ello los ciudadanos estamos en una situación de desventaja por el no acceso a la información.

Cuando la Concertación estuvo en el gobierno, no hubo tregua en la crítica hacia sus acciones por parte de los medios que se saben que apoyan a la derecha, por ende, se contrapesaba de alguna manera, la información que entregaba el mismo gobierno. Pero ahora ¿cuántos medios hoy en día pueden considerarse realmente serios a la hora de la neutralidad en el ámbito de la opinión pública? ¿Es este número suficiente para contrapesar la información oficial de gobierno más la proveniente de los medios privados con iguales intereses?

En Europa, el periódico Le Monde Diplomatique, publicó recientemente en abril, un interesante artículo sobre el rol protector del Estado Noruego, el país que ostenta el mayor número de primeros lugares en cuanto a estándares de bienestar para su población. El gobierno Noruego, posee un sistema ejemplar en cuanto a la difusión de información y cultura, logrando con ello la difusión de diarios más alta del mundo (607 ejemplares por cada mil habitantes). El Estado noruego estimula la diversidad de opinión, por ejemplo, con subsidios a periódicos asociados a un partido político (cualquiera sea éste); de la misma manera no entrega subsidios a los medios que distribuyen dividendos a sus accionistas, porque está consciente de la relación directa entre el poder económico y el manejo de la información.

Como chilenos existe una alta probabilidad de ser sujetos de manejos comunicacionales dada la concentración del poder en los medios privados y ahora la extensión de este discurso a los medios públicos. Es nuestro deber cívico exigir la transparencia necesaria y apoyar con mayor fuerza a las radios, canales y periódicos que entienden que la diversidad de opinión es una condición esencial de la democracia.

Esperemos a que el premio entregado por la UNESCO a Mónica González nos haga reflexionar profundamente,  nos haga exigir la venta de Chilevisión por parte de su dueño y nos haga estar atentos a situaciones que puedan ser delicadas, como  la veracidad de la información entregada por FONASA. Estando conscientes de las falencias de los medios de comunicación chilenos, debemos más que nunca ser una ciudadanía más responsable y más activa en la exigencia del derecho a saber.

La autora es Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Master en Gestión de la misma casa de estudios y actualmente cursa Master of Public Affairs,  Instituto de Ciencias Políticas de Paris.

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