Pablo Arellano Ortiz

Directos de Proyectos IGNIRE

El centralismo llega a extremos y este supuesto beneficio es una manifestación más de ello. Así entonces la política de protección de la salud se fija hoy en día en función de las necesidades de la población residente en Santiago, o por lo menos así se presenta. Pero el gobierno va más lejos aún en su afán de instaurar en la agenda pública una política de protección social a través de entes privados.

El día domingo recién pasado el Presidente Piñera acompañado del Ministro de Salud Mañalich anunciaron la creación de este nuevo beneficio destinado a poder solucionar los graves problemas de atención del sistema público de salud. Se argumenta que se podrá solucionar con las largas filas de atención y que los segmentos más pobres, aquellos del grupo A de FONASA, podrán tener acceso a una atención de salud respiratoria.

Esta medida parece corroborar el poder político del Ministro Manalich dentro del gobierno quien llega un par de semanas señalando a los medios de comunicación que el sistema público de salud se encuentra colapsado por las consultas respiratorias, causadas principalmente por la contaminación capitalina. Además, parece corroborar el centralismo con que se toman las medidas de protección social de la población: el focus group es sólo Santiago.

Pero más allá de las cuestiones de oportunidad política de esta decisión nos gustaría resaltar algunos puntos que nos llaman la atención. Esta media es establecida a través de la potestad reglamentaria y sujeta a límites mensuales de presupuesto. Ello quiere decir que agotado los fondos se deberá esperar hasta el mes siguiente para poder financiar el bono. ¿Qué ocurrirá en caso de crisis de contaminación extrema? Es probable que algunas personas queden sin este beneficio ya que de la forma en que se presenta no se trata de “un derecho” a la atención de salud respiratoria sino que de una media focalizada y limitada por el presupuesto. En definitiva una media que si bien es una solución, pero de parche, puede excluir posibles beneficiados.

Lo que más nos llama la atención es la forma en cómo se entregara el beneficio: a través de entes privados de salud que tengan convenio con FONASA. El principio de subsidiaridad parece ser revertido. Cuando el privado no pueda actuar allí el Estado deberá intervenir. Así, cuando el ciudadano chileno no puede otorgarse a sí mismo una protección a su salud a través de la ISAPRE el Estado debe entrar a protegerlo mediante el sistema público. Sin embargo, paradójicamente hoy se propone todo lo contrario: el Estado no da abasto, ya no puede proteger la salud, y el privado debe ayudarle al Estado a proteger la salud de la población chilena.

Relacionado con lo anterior  y un punto central en la discusión de este beneficio: es la transferencia directa de fondos públicos a entes que persiguen fines de lucro. El Estado deberá pagar la atención de quienes no pueda atender a las entidades privadas. Los impuestos de todos los chilenos servirán para pagarle a los privados por una función eminentemente estatal. Esta forma de entregar protección no es nueva de este gobierno ya existe otro proyecto con similares características presentado hace más de un año por el Ministro Kast. Este proyecto pretende aumentar las cuentas de capitalización individual de las AFP obligando a los beneficiarios del sistema Chile Solidario a cotizar el 2% de las transferencias monetarias que reciben. Ósea, un 2% que pasa del Estado a las AFP.

Claramente existe una intención de proteger por parte del gobierno. El punto es como. Al parecer podemos deducir que el actual gobierno tiende a seguir disminuyendo el rol de Estado en cuento a la protección de su población. Además, la clara asociación de trasferencias directas estatales con entidades que buscan fines de lucro, nos lleva a dos conclusiones: 1) No existe una intención de mejorar la administración pública. En el caso concreto, entregar un bono para ir al privado no solucionara lo temas estructurales de las “largas filas de atención” del sistema público. Si no se tiene por lo menos una mínima intención de inyectar recurso al sistema público de salud este no podrá mejorar. Recalquemos que no existen pruebas científicas concretas que avalen que el privado administre mejor que un sistema público; y 2) El lucro se verá incrementado con el aval del Estado. En un país en que los las diferencias entre los quintiles más ricos y más pobres es abismante vemos que el Estado contribuirá a que los más ricos sean más ricos y el pobre más pobre bajo la excusa de otorgar protección a la salud.

Comentarios (0)

RSS feed Comments

Nombre

Email

Sitio Web

Título

Comentario

Nuevo Comentario